“La fábrica de grasas, un problema generado por la Administración”

Imagen aportada por la Plataforma de la rotura del colector de la 'fábrica de grasas'

Según denuncian desde la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo, “la industria ha cometido múltiples y retiradas infracciones y ha estado funcionando sin licencia de usos y actividades”

Hace unos días la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo informaba que el Defensor del Pueblo obligaba al Ayuntamiento de Almendralejo a dar la información solicitada sobre los vertidos de aguas al arroyo de las Picadas. Hoy la Plataforma informa que también ha obligado al Ayuntamiento “a suministrar la información que la Plataforma solicitó, sin recibir respuesta, sobre la popularmente denominada como 'fábrica de grasas', instalada en el polígono industrial. Una industria que no ha dejado de producir molestias desde el mismo día en que empezó a funcionar”.

Después del estudio de la información aportada por el Ayuntamiento “se han detectado una serie de irregularidades que hacen comprensible que el Consistorio haya querido ocultarla”, señalan.

Según exponen desde la Plataforma, el Ayuntamiento afirma que “no ha adoptado medias para evitar molestias por no ser de su competencia, salvo lo relativo a la afección a los vertidos”. En base a ello manifiestan: “De esta postura podría deducirse que el Ayuntamiento no puede hacer nada ante una autorización de la Junta de Extremadura. Sin embargo, esta sería una deducción errónea. Hay que recordar que en 2008 la Junta de Extremadura otorgó Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la construcción de una balsa de purines y unos estercoleros situados junto a la salida de la N630. A pesar de contar con todas las autorizaciones medioambientales de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento negó la licencia de obras y la de actividad, aplicando, al parecer de la Plataforma, un principio elemental: un estercolero y unas balsas de purines a la entrada de la población son un despropósito, por mucho que la Junta lo autorice. También hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento ha contribuido de forma clara y evidente a la situación actual ya que la DGMA notifica que, ‘el Ayuntamiento de Almendralejo con fecha de 5 de octubre de 2010, y de 10 de agosto de 2011 aporta informes urbanísticos, siendo el informe urbanístico que acredita la compatibilidad de las instalaciones con el planeamiento urbanístico de fecha de 28 de junio de 2011...’ ”.

Pero, es que, además, es la misma Junta de Extremadura la que aclara que ‘[…] esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la actividad desde el punto de vista ambiental’, es decir, “que la AAU no es una patente de corso para que la industria haga lo que quiera, sino para que se cumpla lo en ella establecido, cosa que la industria no está haciendo”.

En cuanto a la responsabilidad del Ayuntamiento, la Plataforma le recuerda que la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril), establece en su artículo 42.3: “No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios:
    a) Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.
    b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.”

“Es evidente que el Ayuntamiento ha hecho dejación de sus responsabilidades de acuerdo con la Ley General de Sanidad”.

Y continúa la nota: “Los incumplimientos de la industria son más que evidentes: el Ayuntamiento informa que, con fecha 9 de mayo de 2012, se gira visita de comprobación por la Sra. ingeniera técnica industrial, que en su informe mantiene que la industria ha realizado tres modificaciones sustanciales sin autorización municipal”. Además, afirma, “se advierten que en la vía pública hay restos de materia grasa”, y añade “[…] estos vertidos terminan en la red de alcantarillado, desconociendo esta técnica si los mismos cumplen los parámetros de vertidos permitidos, por lo que se considera necesario notificar esta circunstancia al Sr. Químico de la Sección de Medio Ambiente”

“La Plataforma no tiene constancia de que ni el Ayuntamiento ni el Químico aludido tomaran medidas para estudiar la situación denunciada”, aseveran.

Es evidente, subrayan, “que el Ayuntamiento no considera las molestias causadas por la industria como un problema, pues no fue hasta el 2 de julio de 2013, (más de un año después de recibir el informe de la Ingeniera) que la Junta de Gobierno Local acuerda tomar algunas medidas. Entre las que se encuentra una que determina ‘dar traslado del acuerdo al Sr. químico de la Sección de Medio Ambiente, para que informe sobre la legalidad de los vertidos de la industria’. En conclusión, que la Junta de Gobierno se reúne un año después sin el informe del Sr. químico sobre si los vertidos cumplen los parámetros. No hay constancia de que el químico realizase el informe solicitado”.

En lo referente a los vertidos producidos por la industria, el químico Municipal afirma que “ha comprobado en dos ocasiones la llegada de sustancias ‘asimilables a grasas’ a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), lo que le hizo sospechar que ‘podía tratarse de algún vertido no autorizado de la industria en cuestión’. Sin embargo, mantiene que en ninguna de las dos ocasiones se pudo comprobar si la industria era la responsable. Se justifica, entre otras razones, por la distancia que separa la EDAR de la ciudad (6 km.). Además, afirma que existe otro parámetro que ‘podían estar relacionado con la industria en cuestión’ ”.

La Plataforma no entiende “el procedimiento seguido por el químico para comprobar si era esta instalación la que estaba realizando los vertidos ilegales. Si tomamos en consideración que en el proyecto de ampliación de la industria se afirmaba que ‘[…] se consumen aproximadamente 7.600 m³ de agua procedente red general municipal existente en el polígono industrial’, y que en el Artículo 26 del Reglamento Municipal de Vertidos se determina que ‘[…] y en todo caso las industrias que viertan más de 6000 metros cúbicos al año, estarán obligadas a instalar y mantener a su costa un aparato de toma de muestras automático proporcional al canal de vertido y con análisis durante todo el año.’, es evidente que la industria debe contar con este aparato y por tanto hubiese bastado con leer la toma de muestras automáticas para determinar si los vertidos provenían de allí”, afirman desde la Plataforma.

Además, expresan que la Plataforma “no tiene conocimiento de si el Ayuntamiento realizó alguna inspección para comprobar la denuncia que el 25 de agosto de 2015 realizó de la rotura del colector por la que se apreciaba la salida de restos considerables de grasa”.

No obstante, el 23 de octubre de 2015, dos meses después de la rotura, “el químico tomó muestras a la salida del colector y en el interior de la industria, y los resultados indican que el vertido incumple con lo establecido en la autorización de vertidos concedida a la industria. Está claro que no hay mucho incentivo por corregir los defectos. Al parecer en estos momentos se está tramitando el expediente sancionador por este hecho”.

Y finalizan: “A pesar de las anomalías cometidas por esta industria, que han producido molestias evidentes a todos los ciudadanos, el Ayuntamiento no tomó ninguna medida eficaz para hacer cumplir la ley. Es evidente que hay un cúmulo de irregularidades muy importantes, y no parece que todas ellas puedan ser achacadas a la simple incompetencia de los intervinientes”.