El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio de Justicia a proporcionar información a la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo

 
En imagen, Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia
 
En enero de 2017, al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio, la asociación remitió un escrito al Ministerio de Justicia en el cual, tras hacer un resumen del procedimiento seguido por la ONU contra España por incumplimiento del Convenio de Aarhus, se solicitaba información.
 
 
Una vez transcurrido el plazo legalmente establecido sin recibir contestación a la solicitud, en febrero de 2017, la Plataforma al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, remitió la misma solicitud a la Sección de Transparencia del Ministerio de Justicia.
 
“Como viene siendo habitual, el Ministerio no contestó a la solicitud de información en el plazo legalmente establecido en la Ley 19/2013. La falta de respuesta obligó a la Plataforma a remitir una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en abril de 2017”, señalan.
 
En mayo de 2017, se recibe resolución del Ministerio de Justicia a nuestra solicitud de información de fecha 01 de marzo de 2017, en la cual se nos comunica: “según lo dispuesto en la letra e) del artículo 18.1 de la Lay 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, esta Secretaria General Técnica resuelve inadmitir la solicitud de acceso a la información pública”. Alegando, entre otras razones que la información solicitada “afecta a las relaciones exteriores de nuestro país”.
 
Al no estar de acuerdo con esta resolución, la Plataforma remitió al Consejo de Transparencia un escrito de alegaciones.
 
En julio de 2017, el Consejo de Transparencia, resuelve estimar parcialmente la reclamación contra la resolución del Ministerio de Justicia.
 
La resolución dice textualmente “por lo que el Ministerio debe proporcionar al reclamante la siguiente información:
 
Si el Ministerio de Justicia tiene conocimiento del proceso abierto a España por incumplimiento del Convenio de Aarhus.
 
Si el Ministerio de Justicia es consciente de que el incumplimiento reiterado de las Resoluciones del Comité de Cumplimiento y de las Partes firmantes del tratado puede tener consecuencias negativas para España.
 
"Qué medidas ha tornado o estudia tomar el Ministerio de Justicia para que, sin dilaciones, España cumpla lo establecido en las mencionadas Resoluciones, de manera que antes del 11 de septiembre de 2017, fecha en que tendrá lugar, en Budva, Montenegro, el sexto periodo de sesiones de la Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus, España no se exponga a que las Partes puedan decidir suspender la aplicación del Convenio de Aarhus en nuestro país.”
 
“Unos días después, el Ministerio de Justicia nos remite un escrito que, en teoría, daba cumplimiento a la resolución del Consejo de Transparencia. En el mismo realmente no se da la información que según la resolución del Consejo de Transparencia se debería haber proporcionado. Esto obligó a la Plataforma a remitir nuevamente al Consejo de transparencia un escrito de alegaciones. La Plataforma está a la espera de la contestación del Consejo de Transparencia”.
 
Por su importancia, queremos destacar lo que indica Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, “el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo independiente creado en el corazón de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene una doble función: velar por el cumplimiento de la ley y fomentar el cambio cultural que supone el paso de una relación en la que la Administración era dueña de la información y, con ella, del poder que eso conlleva, a un nuevo modelo de gobernanza en el cual los datos y la información son propiedad de los ciudadanos y la Administración se convierte en mera depositaria y sujeto obligado a suministrarla.”
 
“Esperamos que el Ministerio de Justicia nos proporcione la información solicitada cumpliendo así con la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos”.

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