Valoraciones de IU, PCRN, PP y PSOE sobre la DIA negativa

Con esta noticia finalizmos por hoy el análisis de la información que ha generado la Declaración de Impacto Ambiental negativa a Refinería Balboa y que La Gaceta Independiente publicó ayer en primicia. En la edición impresa que publicamos el próximo viernes, resumimos los aspectos más importantes.

Primeramente, puede escuchar el audio íntegro de la rueda de prensa del presidente del Gobierno Extremeño, José Antonio Monago:

A continuación, y por este orden, las valoraciones de Pedro Escobar (Izquierda Unida), Leonardo Clemente (Plataforma Ciudadana "Refinería No"), Miguel Cantero (Partido Popular) y Valentín García (PSOE). El portavoz de PRODEVI, Pedro Pecero, no ha querido realizar declaraciones a La Gaceta Independiente.

 

La Plataforma Ciudadana "Refinería No" también ha enviado un comunicado que publicamos íntegramente:

"Desde la Plataforma Ciudadana Refinería No queremos valorar la definitiva resolución de Declaración de Impacto Ambiental negativa de Refinería Balboa que acaba de emitir el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ante la campaña de desinformaciones que recientemente se han venido vertiendo a los medios a propósito de supuestas filtraciones acerca del sentido de la DIA, la Plataforma Ciudadana Refinería No, ha preferido mantenerse al margen de esta ceremonia de la confusión y sólo hacer valoraciones cuando existiese información oficial, lo cual es el caso.

Con esta resolución finaliza el largo recorrido de uno de los proyectos más oscuros y turbulentos de la historia de Extremadura. Desde aquel 2004 en el que se hizo pública la intención de la Junta de Extremadura y de Alfonso Gallardo – el empresario del PSOE extremeño- de instalar en Tierra de Barros una refinería de crudos pesados, las posibilidades de materializarse el descabellado proyecto fueron haciéndose más remotas día a día, hasta llegar al de hoy en que son definitiva y oficialmente nulas. Pese a los desmesurados esfuerzos de determinados medios de comunicación en mostrar lo contrario, el proyecto sólo ha sido defendido por sus promotores políticos y empresariales. En cambio ha suscitado un rechazo social sin precedentes en nuestra región (como demuestran las más de 83.000 alegaciones recogidas en contra o las más de doscientas concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo), al que se han sumado numerosos colectivos ciudadanos de Extremadura, Andalucía y Portugal, e instituciones como la Junta de Andalucía, el Consejo de Participación de Doñana o la Unesco. Del mismo modo, numerosos expertos de la mayor solvencia y prestigio y las principales organizaciones conservacionistas a nivel nacional e internacional han argumentado de forma rotunda en contra de la refinería.

Desde que el pasado 29 de marzo se hiciese oficial la propuesta de resolución negativa por parte del Ministerio, se confirmó lo que esta plataforma venía anunciando de forma argumentada desde hace años: Se trata de un proyecto absolutamente inviable. Aunque la ley contempla en caso de discrepancia entre el Ministerio y la Comunidad autónoma la creación de una mesa de trabajo para acercar posturas, lo previsible y lógico es que, dado que el proyecto sigue siendo el mismo y los puntos insalvables también, la resolución – basada en criterios técnicos y objetivos- fuese, como ha sido, en el mismo sentido que la propuesta. Afortunadamente, los valedores de la refinería han insistido en repetidas ocasiones que la defendían si esta cumplía con las leyes, por lo que, dado que el procedimiento legal da por rechazado el proyecto de forma rotunda y sin lugar a segundas interpretaciones, entendemos que no insistirán más en su defensa.


Queremos felicitarnos por que los criterios técnicos hayan prevalecido sobre las intensas presiones empresariales y políticas, y hayan puesto fin a un proyecto que, si ya era anacrónico e irracional cuando se ideó hace una década, aún más lo es hoy. Nos parece escandaloso que se haya querido vender como la solución para el desempleo en Extremadura una inversión que requeriría entre 600.000 y 20 millones de euros (un 20% de los cuales serían públicos) y que, según el propio estudio de impacto ambiental realizado por el promotor, sólo hubiese generado 67,5 empleos en la zona de las 21 poblaciones más afectadas. Todo ello sin tener en cuenta la pérdida de tejido productivo y de empleo que hubiese causado una actividad industrial pesada que, por definición, es indiscutiblemente lesiva con la economía natural de nuestra tierra. Ha quedado patente que la refinería era sólo la punta del iceberg de un plan desarrollista a gran escala cuyo fin era ubicar en Extremadura una industrialización pesada y contaminante que ya rechazan en otros lugares. Y también ha quedado patente que, si los ciudadanos se organizan para hacer frente a un problema, tienen serias probabilidades de solucionarlo. Pero para ello han hecho falta ocho largos años de un turbio procedimiento administrativo interrumpido una y otra vez por carencias en la documentación aportada por el promotor. Un procedimiento tan poco transparente que la propia ONU ha llegado a amonestar al estado español por la ausencia de garantías de participación pública de la ciudadanía y la falta de información ambiental. Tampoco podemos olvidar que durante este tiempo, las autoridades autonómicas y municipales en manos del Psoe no han dudado en pisotear los derechos ciudadanos o en dividir a la ciudadanía a la hora de defender el proyecto. Una vez descartado definitivamente este, sería la hora de exigirles responsabilidades. Del mismo modo que habría que pedírselas a los medios de comunicación mayoritarios de la región, plegados incondicionalmente a la defensa de la refinería, por la ausencia de profesionalidad y rigor a la hora de abordar un asunto lo suficientemente importante para los extremeños como para ser fuente de información más que de propaganda. Por otro lado, a quienes prometieron durante tres legislaturas consecutivas la inminente materialización de la refinería– aún sabiendo que mentían- o a quienes hasta hace unos días recorrían nuestras calles pregonando con megafonía una supuesta declaración positiva – aún sabiendo que se trataba de un intento de manipular a la población-, quienes habrán de pedir responsabilidades serán sobre todo aquellos que se hayan sentido engañados y quienes consideren que han jugado con sus legítimas expectativas de futuro.

Pero también es necesario pedir responsabilidades económicas y nuestro colectivo considera una excelente noticia que la Asamblea de Extremadura haya aprobado el reclamar a Gallardo los diez millones de euros de todos los extremeños que le fueron entregados en anteriores legislaturas para la ejecución de su proyecto privado. Estos fondos serán bienvenidos por las arcas públicas, especialmente en la actual situación, por lo que sería deseable que, ya con las autorizaciones ambientales denegadas, la reclamación se llevase a efecto lo antes posible.

Ha quedado patente que los ciudadanos ante las arbitrariedades e imposiciones de los gobernantes, cuando estos abandonan la obligación de velar por los derechos comunes y comienzan a trabajar por los intereses particulares, pueden y deben unirse. Y que cuando lo hacen, pese a los inherentes obstáculos tienen muchas más posibilidades de alcanzar sus objetivos que si permanecen impasibles".

 

 

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