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La ODP insiste en que la televisión municipal de Villafranca es “totalmente ilegal”

La Organización en Defensa de lo Público (ODP)  manifiesta en nota de prensa que “después de conocer las resoluciones de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, publicadas en el DOE de 7 de febrero de 2019, en las que se dan a conocer las ejecuciones de sentencia dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por las que se obliga a la Administración autonómica a la convocatoria del concurso y procedimiento para asignar las licencias de emisoras en el ámbito local, aquellas ejecuciones de sentencias incrementan notablemente  nuestra presunción de que la televisión municipal del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros carece de licencia habilitante para sus emisiones y por ello es totalmente ilegal, incumpliendo el marco jurídico correspondiente”.

En nuestro caso, continúan “estamos lejos de cumplir los diferentes aspectos a los que nos obligan las leyes para disponer de una TV municipal completamente legal, que básicamente resumimos como: 1) a que en la demarcación de Almendralejo a la que pertenecemos se forme un consorcio con los pueblos de esa demarcación; 2) las localidades de la demarcación deben tomar los acuerdos plenarios correspondientes; 3) disponer de la autorización estatal y autonómica una vez realizados proyectos los técnicos necesarios”.

“De todos es conocido que hemos denunciado en la Fiscalía de Mérida a los directores generales de la Junta de Extremadura responsables en esta materia y al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros en la persona del Alcalde. La denuncia que ya hemos publicado se basa en que consideramos que se permite y consiente el incumplimiento de las normativas que existen en esta materia, y en vista a hechos precedentes en los que se paralizó la emisión por el gobierno de la Junta de Extremadura en el año 2013 y en el 2014. Después nada ha cambiado”, afirman.

Y explican: “Concretamente el día 30 de abril de 2013 el Gobierno de Extremadura acordó el cese de las emisiones de las televisiones de Villafranca de los Barros, Santa Marta y Aceuchal, cese que no se ha respetado por parte del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, puesto que después de una breve paralización de las emisiones, ha vuelto a emitir en la misma situación de ilegalidad, por lo que el 27 de febrero de 2014, la Dirección General de Administración Electrónica de la Junta de Extremadura dirigió comunicación al Ayto. de Villafranca de los Barros en la que le dejaba claro que la televisión municipal de Villafranca de los Barros no dispone de la preceptiva licencia administrativa para ofrecer un servicio de comunicación y que, en ese caso, la emisión podría suponer una sanción que oscila entre el medio millón y el millón de euros por una acción tipificada como muy grave, según el artículo 57.6 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, Ley 7/2010, de 31 de marzo”.

Según la ODP, “con el cambio de gobierno en Extremadura en 2015 la emisión de la televisión local de Villafranca de los Barros, se hace con absoluta impunidad al ser ambos gobiernos del mismo color político, a pesar, como decimos, de los escritos que le hemos dirigido”.

“Durante estos años las autoridades autonómicas, encargadas de vigilar y controlar las emisiones televisivas, que conocen perfectamente los pasos a seguir para que obtener la habilitación de la emisión, no han puesto en marcha ningún procedimiento para la concesión de licencia, ni han tomado medidas que nos puedan alejar de la idea de que han dejado vía libre al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros para que continúe con la prestación de servicios de comunicación audiovisual haciendo lo que le dé la gana. En la oscuridad legal se dispone de más libertad para hacer y deshacer, permitir o no permitir”, aseveran.

“Hasta la fecha, la Secretaría de la Consejería de Hacienda y Administración Pública no responde, no dice ni mu, como si con ella no fuera lo que acontece con la TV municipal de Villafranca, prefiere no investigar ni averiguar si se sigue actuando con total impunidad como puso de manifiesto el gobierno de Extremadura en años precedentes ya señalados”, expresan.

Desde la ODP señalan que “a veces, en aspectos determinados de la vida local, se producen situaciones que vienen a poner de relieve lagunas de ilegalidad y despotismo que ciertos personajes practican en nuestra Extremadura. Mientras tanto, las autoridades administrativas y políticas prefieren permanecer con los ojos cerrados porque no son capaces o no quieren hacerlos frente”.

Desde la ODP “tenemos claro que antes o después los políticos que consienten estos aspectos fundamentales del comportamiento caciquil tendrán que responder ante los ciudadanos y ciudadanas que cada vez más rechazan a este tipo de personajes que con el objetivo de satisfacer sus intereses partidistas y electoralistas se saltan las normas”.

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