Editorial febrero: 'Una sociedad aletargada no cambia el sistema'

El 30 de enero del presente año, el pleno del Parlamento extremeño aprobó, con los votos a favor del PP, IU, PREX – CREX y la abstención del PSOE, el Estatuto de los cargos públicos en Extremadura, que entre otras cuestiones limita a 8 años los mandatos del presidente de la Comunidad Autónoma.

 

 

La nueva norma, además de definir qué es un alto cargo y fijar las incompatibilidades laborales y sanciones correspondientes, elimina los privilegios que mantenían los ex-presidentes de la Junta de Extremadura en prestaciones económicas y materiales.

El hecho es tan necesario como novedoso, por desgracia, puesto que es la primera Comunidad Autónoma que ha aprobado esta medida. Representa un pequeño, pero importante, primer paso en la necesaria regeneración democrática, imprescindible en los tiempos que corren.

La limitación de mandatos debería hacerse extensiva a todos los ámbitos de la política, incluido los diputados de la Asamblea regional, en la que algunos llevan tantos años que han convertido el ejercicio de la política en su profesión y la base de su sustento económico, con el consecuente peligro que este hecho acarrea. No debemos dejarlo ahí, la limitación de mandatos debe aplicarse también a las Diputaciones provinciales y a los Ayuntamientos, con el objetivo de que los alcaldes no se eternicen en sus cargos, degenerando en la tendencia, cada vez más extendida, de adoptar decisiones en beneficio de intereses partidistas y/o particulares, más que en pro del interés general.

Aún siendo bien recibido este Estatuto, todavía se queda corto si lo que se pretende es un verdadero ejercicio de transparencia y renovación del actual sistema democrático. Al margen de cuestiones como listas abiertas, democracia real más participativa, o la rebaja del tope electoral para obtener representación, es fundamental que los partidos políticos en el ámbito nacional aprueben, puesto que es una Ley Orgánica y por tanto no susceptible de iniciativas legislativas populares, una reforma integral de la Ley de Partidos que regule su funcionamiento interno, la renovación de cargos desde las bases y, por último, pero no menos importante, la financiación económica de los partidos.

Para que todo esto cambie hace falta que los ciudadanos no miremos hacia otro lado y, en la medida de nuestras posibilidades y como cada uno crea oportuno, luchemos por mejorar un sistema que se mantiene gracias al letargo social.

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