Opinión. 'Las reglas del monopoly'


Los países pobres presentan circunstancias sociales, políticas y económicas que nunca serán las nuestras. Nosotras nunca tendremos problemas para acceder a servicios médicos o educativos, nuestros niños y jóvenes no trabajarán como esclavos por sueldos miserables... en nuestro país es imposible que lleguemos a verles pasando hambre, eso pasa en otros países... Vivir en un país pobre, ser un país pobre, debe ser una pesadilla, es algo que no podemos ni imaginar, a nosotras nunca nos pasaría, estamos en Europa...



La ironía de estas palabras está llena de tristeza. Se calcula que hoy en España 1.200.000 personas dependen de la solidaridad o la caridad para alimentarse. Es cierto que no podemos compararnos con países como Chad, Guatemala, Haití o con el pueblo palestino que vive en la franja de Gaza, todos situados entre las poblaciones más pobres del planeta,  pero países pobres y países ricos son categorías perversas, que nos confunden sobre la realidad de las cosas.

Aprendemos  la pobreza como etiqueta, el país pobre como paradigma de la corrupción, del analfabetismo, de no saber hacer, de gente hacinada que, desesperada, huye de la miseria; sequía, hambre, desastres naturales, epidemias, desolación... Estereotipos que se van introduciendo poco a poco en nuestra forma de ver la realidad y que terminan por convertirse en nuestra guía para entenderla, que modelan nuestro pensamiento, que creemos crítico e informado, para terminar invisibilizando los cambios que se van  produciendo velozmente a nuestro alrededor y que nos van asemejando a aquello que hemos querido creer lejano.

La pobreza tiene muchas miradas, desde la compasión por las personas que la sufren a la indignación y la rabia hacia quienes la provocan, personas con nombre, apellidos y cuentas corrientes. Nos vamos a fijar en una de sus múltiples caras, una que afecta a todos los habitantes del planeta y  que tiene la cualidad de levantarnos el estómago de ira: la especulación financiera con alimentos básicos.

La especulación con alimentos como el trigo, el maiz, el arroz o la soja, básicos para la alimentación de miles de millones de personas en el mundo, se produce porque, en lugar de prohibirla directamente (lo que estaría dentro del más elemental sentido común) está siendo permitida y alentada por las regulaciones de la UE o EEUU. Estas normativas, dictadas bajo la presión de grupos financieros, les dejan maniobrar a su antojo, aunque su objetivo sea multiplicar sus beneficios a costa de la escasez, rentable para unos pocos y trágica para el resto.

De esta manera es posible, para los especuladores financieros, acaparar contratos sobre futuros de materias primas en el mercado virtual, elevando su precio de una forma desorbitada en el mercado real. Estos especuladores son sociedades, bancos y empresas muy "respetables", como el Banco Sabadell, que oferta un fondo de inversiones, el "BS Comodities FI", ligado al precio de la soja, el trigo y el maíz; el mismo Banco Sabadell que avaló con 3 millones de euros la fianza del exministro del PP Rodrigo Rato en el caso de las Tarjetas Black de Bankia y que se beneficia de la laxitud de la regulación estatal e internacional en éste y otros campos.

Convertir el derecho a la alimentación en una ficha más del monopoly capitalista, junto a otras consecuencias del agronegocio, como el cambio climático, el empobrecimiento del suelo a causa de la sobreexplotación, la crisis del modelo energético basado en el petróleo o  la implantación de monocultivos, han hecho que vivamos inmersos en lo que se ha venido en llamar "la guerra silenciosa" cuya consecuencia es que más de 1.300 millones de personas en el mundo no tengan cubierto el derecho humano fundamental a la alimentación.

De esta manera, acabar con la pobreza, significa luchar en esta guerra silenciosa a favor de las víctimas, y esto se consigue no sólo aumentando nuestra solidaridad a través de los fondos de la Ayuda al Desarrollo, que posibiliten facilitar el acceso a alimentos básicos en caso de emergencias, ésta es la solución a medias, el parche que alivia nuestras conciencias, sino y de manera urgente, elaborando regulaciones que hagan imposible que se comercie con el hambre, que eliminen la posibilidad de negocio y pinchen de una vez las burbujas especulativas que hacen que periódicamente los alimentos alcancen precios tan elevados que la población no puede acceder a ellos, como en la crisis alimentaria de 2007-2008 en la que el precio del arroz y el trigo se duplicaron y el del maiz subió más de un tercio. Para que nos hagamos una idea del impacto de estas subidas, basta decir que el arroz es el alimento básico de la mitad de la población mundial.

Acabar con la pobreza supone pasar a la acción política colectiva para exigir estos cambios y exigirlos ya. Pasa por movilizarnos y luchar contra regulaciones abusivas que van contra nuestros intereses y que ponen en peligro nuestro derecho a una vida digna, en este tema no podemos dejar de mencional el TTIP,  Tratado comercial trasatlántico (Asociación trasatlántica de comercio e inversiones) entre EEUU y la Unión Europea que se mueve justo en la dirección contraria, desregulando aún más, avanzando otra casilla en el monopoly capitalista, que amenaza nuestra soberanía y hace aún más invivible nuestro mundo.   


Para saber más:

http://www.ohchr.org/documents/issues/food/bn2_srrtf_speculation_spanish.pdf

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib57sp.pdf

http://www.lamarea.com/2014/01/17/especulacion-alimentos-2/

http://www.attac.tv/2011/07/2200

https://www.diagonalperiodico.net/panorama/22980-sin-limites-al-negocio-del-hambre.html

https://www.diagonalperiodico.net/panorama/20643-bancos-alimentos-comedores-populares-y-alternativas-contra-la-pobreza.html

http://bancabajocontrol.vsf.org.es/sites/default/files/docs/las_argumentaciones_del_bs.pdf

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71754

http://www.eldiario.es/euroblog/Europa-EEUU-tratado-comercio-secuestro_6_321327890.html

Este artículo forma parte del proyecto Mudalmundo VI “Cooperando en Comunidad”, desarrollado por el Colectivo CALA y financiado en parte con dinero público a través de la AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo)

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