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EL Gobex pone en manos de la Fiscalía presuntas irregularidades en cursos de formación gestionados por patronal y sindicatos

El Gobierno de Extremadura tiene la intención de seguir investigando años anteriores al 2011

El Gobierno de Extremadura ha puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción las facturaciones de cursos de formación de ocupados realizados por la patronal extremeña Creex, los sindicatos CCOO y UGT, y la confederación Cepes de economía social, según informó en rueda de prensa la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales. La decisión se hace en base a una investigación interna llevada a efecto por el Gobierno Autonómico y, a otra posterior, de una auditoría externa tras comprobar la insuficiente justificación de subvenciones para cursos de formación para ocupados.


Dichas facturaciones, correspondientes a la convocatoria de cursos de 2011, pudieran constituir presuntos delitos contra la Hacienda Pública por falseamiento de las condiciones requeridas para cobrar las subvenciones públicas aparejadas a la realización de los cursos, sean estos subcontratados o no.
La auditoría externa, contempla que podría tratarse de un presunto fraude estimado en más de tres millones de euros y cometido mediante la sobrefacturación de los cursos, en base al decreto del anterior gobierno socialista del 2008 y que el actual gobierno modificó en 2012, con el objetivo de fiscalizar más profundamente la entrega de dinero público, según destacó la consejera.
La documentación aportada por el Gobex a la Fiscalía Anticorrupción es toda la concerniente a la convocatoria de 2011 y especialmente se deriva de una exhaustiva auditoría externa encargada el pasado mes de septiembre por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) sobre la citada convocatoria de cursos 2011. La mencionada auditoría fue concluida hace un par de semanas, con resultados que han puesto de manifiesto lo que pudiera consistir en un sistema diseñado para defraudar cantidades elevadas a la Hacienda Pública mediante la sobrefacturación de los cursos, a veces de hasta ocho veces por encima de su coste real.
En Extremadura, la gestión, ejecución y liquidación de los cursos de formación para ocupados de 2011, y las de los años inmediatamente anteriores, se realizaba con el apoyo técnico de la Fundación Tripartita en virtud de un convenio celebrado con el Gobierno autonómico de entonces. El actual Gobierno de José Antonio Monago no renovó en 2012 dicho convenio, a fin de asumir el control íntegro de la formación para ocupados en la región

CANTIDADES DEFRAUDADAS
Una vez detectadas las graves irregularidades de la convocatoria de 2011, el Sexpe ha puesto en marcha, al margen de la investigación que en su caso lleve a efecto la Fiscalía, las acciones necesarias para exigir la devolución a las arcas de la Comunidad Autónoma de las cantidades presuntamente defraudadas y que se estiman en una cifra total de unos tres millones de euros.
Cabe indicar que la Creex y sus federaciones no realizan de forma directa los cursos, sino que los subcontratan a empresas del sector, algunas de las cuales presentan las facturas infladas que luego cobra la patronal a la administración autonómica. Los sindicatos, por su parte, alternan la subcontrata de empresas con la realización de cursos por parte de entidades asociadas, como las fundaciones Forem (CCOO) o Ifes (UGT).
Por su parte, la cantidad presuntamente defraudada por los dos sindicatos podría ascender a más de 600 mil euros en el caso de CCOO y otros más de 600 mil euros para UGT. Dado que ambos fueron subvencionados con 1,8 millones cada uno, el presunto fraude podría alcanzar el 30 por ciento de la subvención que recibieron. Por parte de la confederación Cepes la estimación del presunto fraude superaría los 300 mil euros de los 700 mil recibidos.

Sobrefacturación
En la convocatoria de cursos de formación ocupacional de la convocatoria de 2011 en Extremadura, el presunto falseamiento de las condiciones consiste en una facturación fraudulenta o sobrefacturación de los cursos muy por encima de lo que realmente costaron y/o incluyendo gastos muy por encima del valor de mercado.
En algún caso, como ha demostrado la auditoría externa, la cifra global facturada multiplica por ocho el coste comprobable del curso a partir de la suma de las facturas individuales existentes de cada uno de los diferentes gastos.
En otro de los casos, concretamente a través de la Federación Empresarial de Plasencia, el que subcontrata lo hace a una empresa de la que es administrador y en la que, además, se contrata a él mismo y a su hermano como profesores.
Por otra parte, se han detectado profesores que han cobrado hasta 820 euros por hora, una cifra desorbitada y absolutamente fuera del valor de mercado que se maneja en los cursos formativos de los que se trata.
Valoraciones
Los sindicatos CCOO, UGT y Cepes niegan las presuntas irregularidades y no descartan emprender acciones legales, desde la CREX, todavía no se han hecho valoraciones. Se da la circunstancia que los dos secretarios generales de los sindicatos ya lo eran en 2011 y el único que ha cambiado y que no estaba en el año en cuestión es Francisco Javier Peinado, responsable de la Patronal desde el 2012.
En cuanto a las valoraciones desde el ámbito político, el PSOE asegura que el responsable de esa gestión es el actual Gobierno del PP. El Prex Crex pide que se cumpla la Ley y que se aclare todo lo sucedido, al igual que IU a la que también le preocupa el tufo electoral por el hecho de que el tema salga en este momento concreto.

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