Y continúa la nota: “En noviembre de 2015, habiendo agotado todos los recursos administrativos sin obtener la información solicitada, la Plataforma se vio obligada a recurrir al Defensor del Pueblo, comunicándole el incumplimiento reiterado de Ayuntamiento.

 

La queja al Defensor del Pueblo tuvo como consecuencia que el Ayuntamiento remitiera a la asociación parte de la información solicitada en enero de 2016. La información aportada era tan escasa y parcial que el Defensor del Pueblo, en abril de 2016, solicitó más información al Ayuntamiento. Al no obtener respuesta a su solicitud, en junio de 2016, el Defensor del Pueblo comunicó a la Plataforma ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Ayuntamiento de Almendralejo, se le informa que con esta misma fecha se ha solicitado su remisión urgente.

 

En septiembre de 2016, el Ayuntamiento remitió la información al Defensor del Pueblo y, entre otros datos, le notificaba que el Consistorio le comunicó a la empresa de grasas, con fecha 13 de enero de 2016, que los valores paramétricos del vertido excedían con creces los valores máximos permitidos. Con la misma fecha, la Junta de Gobierno Local acordó la suspensión inmediata de los vertidos. Como viene siendo habitual, no se inició un procedimiento sancionador, según lo establecido en el Reglamento Municipal de Vertidos y Depuración de las Aguas Residuales del Ayuntamiento, limitándose a notificar a la empresa que se iniciaría un procedimiento sancionador si no dejaba de verter. La información suministrada fue de nuevo incompleta, lo que obligó a Defensor del Pueblo a volver a solicitar los datos que no le habían sido entregados.

 

En mayo de 2017, el Defensor del Pueblo notificó a la Plataforma que 'se le comunica que, a fecha de hoy, no se ha recibido la información solicitada al Ayuntamiento de Almendralejo. Ante esa falta de respuesta, esta institución se ve obligada a recordar por segunda vez a esa Administración su inexcusable deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril'.

 

El comportamiento del Ayuntamiento es tan grave que en octubre de 2017, el Defensor del Pueblo informa a la Plataforma: 'La ausencia de respuesta a este último requerimiento sería expresiva de una falta de colaboración de la Administración y del incumplimiento del deber legal impuesto por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, y daría lugar a los efectos previstos en la misma ley, incluidos el informe correspondiente a las Cortes Generales y la declaración de la actitud hostil y entorpecedora, según lo previsto en los artículos 18.2 y 24.1'.

 

Que haya transcurrido más de un año desde que el Defensor del Pueblo hizo la última solicitud de información sin que el Ayuntamiento se la haya remitido muestra claramente el talante de éste. Que este alto comisionado de las Cortes Generales tenga que notificar al Ayuntamiento que 'su actitud es hostil y entorpecedora', debería avergonzar a cualquier persona que entienda lo que son los valores democráticos.

 

La ya larga experiencia de la Plataforma nos ha enseñado que cuando la Administración no proporciona la información solicitada con arreglo a la ley, es porque trata de ocultar irregularidades.

 

La asociación no cejará en su empeño de hacer que el derecho a la información sea una realidad tan palpable como lo es el derecho a la propiedad privada, ambos protegidos por la ley. Para conseguir este fin, acudirá a todas las instancias nacionales e internacionales en defensa de un derecho esencial en democracia”, finaliza el comunicado.