Detenidas dos personas por la venta a través de Internet de códigos de acceso ilícito a canales de televisión

Se les considera supuestos autores de delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores

La Guardia Civil en el marco de la operación ‘Canaliser’, ha detenido a un hombre y una mujer vecinos de Mérida y Valdebótoa (Badajoz) por su implicación en los supuestos delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores a través de Internet.

Se trata de dos actuaciones no relacionadas entre sí, en las que el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Badajoz, tras un año y medio de investigación, descubrió la implicación en estas acciones delictivas de un vecino del municipio pacense de Mérida y una vecina de Valdebótoa.

Personas que mediante la creación de página web y perfiles en la red social Facebook ofertaban para la venta a bajo precio y por tiempo determinado de emisión suscripciones a códigos de acceso para el visionado de canales televisivos protegidos con derecho de gestión y comercialización, careciendo de autorización o permisos necesarios para ello.

Las suscripciones propuestas, muy atractivas para captar compradores por su bajo precio, quedaban conformadas previo el pago del importe acordado a través de Bizum, Pay-Pall e incluso por transferencias bancarias.   

Una vez analizada tanto la página como las cuentas de la red social, así como los medios de pago utilizados para recibir los ingresos por los servicios contratados, se pudo averiguar la identidad de los ahora detenidos.

Ante los citados hechos y pruebas incriminatorias, el pasado jueves y viernes los agentes del EDITE los localizó y detuvo en su lugar de residencia, instruyéndoles diligencias por los supuestos delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores a través de Internet, y fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.

Ahora la Guardia Civil examina toda la documentación obtenida, así como equipos informáticos intervenidos para poder determinar el perjuicio causado a los legítimos distribuidores de canales de pago.

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