El Consejo de Competitividad, Comercio y Consumo de CREEX analiza la situación del sector y plantea los retos para el presente y el futuro de la actividad comercial

La sesión contó con la presencia, entre otros, del consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital y el presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE

El Consejo de Competitividad, Comercio y Consumo de CREEX, organismo que agrupa a todas las organizaciones y asociaciones representativas vinculadas a este sector, ha celebrado una intensa sesión de trabajo donde se ha analizado, tanto la situación actual del comercio en Extremadura como los desafíos, necesidades y acciones de futuro.

Esta jornada ha contado como ponentes con Ricard Cabedo, Presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE (conocida como C4); Rafael España, Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, y César Maurín, Director del Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras de CEOE.

Las ponencias se han completado con una mesa de debate moderada por Antonio Ruiz, Secretario General de Economía y Comercio; Maribel Martín-Romo, Coordinadora del Consejo de Competitividad, Comercio y Consumo de CREEX; Marcos Estévez, Vicecoordinador de este mismo organismo; Roberto Serrano, representante de la Unión de Consumidores de Extremadura, y Pedro Pablo Benito, Jefe de Servicio de Control de Mercado del Instituto de Consumo de Extremadura.

Además han asistido los representantes de las asociaciones sectoriales y territoriales extremeñas más representativas vinculadas al sector del comercio.

En la apertura de la sesión, Javier Peinado, Secretario General de la CREEX, ha destacado el valor que aporta en Extremadura el diálogo social, que se ha plasmado, entre otras cosas, en 18 planes de concertación, entre ellos del Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, y ha destacado la oportunidad y necesidad de contar en CREEX, como única organización que representa a todo el tejido productivo de la región, de un órgano como el Consejo de Comercio.

3.000 normas que cumplir por cada comercio

Tras él, Ricard Cabedo ha señalado que el comercio vive la paradoja entre lo que significa como sector vital para nuestro día a día y para la economía y el hecho de que históricamente este sector haya tenido poca presencia en las agendas política y mediática.

Así, ha explicado que desde la C4 se encargó al servicio de estudios de CEOE un informe sobre el comercio “porque, aunque pueda sorprender, no existía un estudio sobre el impacto del comercio”. Entre otros datos, este informe reveló que el sector supone el 13% del PIB y el 17% del empleo, “es decir, es el primer empleador, y eso sin mencionar la aportación social que hemos visto todos con la pandemia, el Filomena, el volcán de la Palma o la huelga del transporte, ¿os imagináis que no hubiera existido el comercio? El impacto en el día a día de los ciudadanos hubiera sido inasumible”.

Por ello, el Presidente de la C4 ha tachado de “imprescindible” que se reivindique el impacto económico y social de este sector “y generar una unidad institucional, una voz fuerte para reivindicarnos”.

En este sentido, ha destacado que la C4 cuenta con 225 miembros sectoriales y territoriales, así como las principales patronales y empresas del sector, resaltando la implicación de CREEX con este órgano a través de Peinado y Martín-Romo, “por lo que es un órgano completamente legitimado para hablar en nombre del sector”.

Respecto a los hitos logrados por este órgano, Cabedo ha aludido a la nueva regulación del hurto multirreincidente “verdadera lacra”, los estudios sobre sostenibilidad, economía circular y tratamiento de envases, y la lucha contra la hiperregulación, que concretó en un dato demoledor: “cada comercio debe cumplir 3.000 normas de distinto ámbito, y los nuevos costes regulatorios suponen un impacto de 1.400 millones en las cuentas; eso va en detrimento de la competitividad y el empleo, por lo que hay que ir mucho más allá de la simplificación administrativa", valorando los avances que ha promovido la Junta de Extremadura en este sentido.

Para concluir, advirtió de que “nadie nos va a sacar las castañas del fuego, tenemos que ser nosotros quienes saquemos el sector adelante”.

Administración al servicio del administrado

Por su parte, Rafael España se centró en analizar la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, como un paso más para poner la Administración al servicio del administrado.

El Consejero de Economía recordó que el compromiso de la Junta para facilitar el trato con la Administración y acelerar las respuesta se inició hace años con leyes como LINCE, LAMA y LOTUS, y que ya hay en cartera otra norma, la Ley de Mejora de Respuesta Administrativa, “que se encaminan a cumplir el compromiso del Presidente Fernández Vara”.

España resaltó que la Ley de Simplificación aborda cuestiones como un modelo de gestión flexible, para no tener que ir de una Consejería a otra en cada proyecto, sino que exista una Unidad de Gestión que lo asuma todo con un acompañamiento individualizado; el principio de intervención mínima a través de declaraciones responsables y comunicaciones, y la simplificación de procedimientos y la reducción de plazos.

Según detalló “se trata de una norma ambiciosa e innovadora, que debe ser palanca para el progreso y el empleo y genere riqueza, a la vez que fomenta la confianza en el ciudadano e impulsa las iniciativa de este optimizando los recursos públicos”.

Solo un 1% de condenas por hurtos en comercio

César Maurín fue el encargado de abordar las reformas para luchar contra el hurto multirreincidente “la gran lacra del comercio”.

En cifras, explicó que estos hurtos suponen al año 1.800 millones de euros en pérdidas para los comercios y 300 millones de pérdidas para la Administración en forma de denuncias y trámites y comunicaciones que no dan resultado, “además de provocar el hartazgo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la desconfianza del ciudadano hacia el sistema”.

Como dato añadido, indicó que en España hay cada año 700.000 denuncias por este tipo de robos “pero apenas el 1% acaba en sentencia”. Por ello, se promovió en 2015 una reforma del Código Penal para que se impusiesen penas de prisión por estos delitos, pero la norma fue rechazada por el Tribunal Supremo en 2017 “y volvimos a la casilla de salida”.

Desde la C4, comentó, se tomó este asunto por bandera y la CEOE elaboró un documento en el que pedía órdenes de alejamiento por reiteración en estos hurtos “que no son los hurtos famélicos, los de necesidad, sino hurtos de bandas organizadas” y que se impusiesen penas de entre 6 y 18 meses si se sumaban tres delitos. Además, se reclamó cambio en el procedimiento para agilizar pasos y no demorar los procesos.

Todo ello ha conducido a que, tras encuentros con los distintos partidos políticos y con el CGPJ, se promoviese la enmienda de modificación del Código Penal para no dejar inerme al comercio ante estos delitos.
Mesa de debate

Tras las ponencias se inició la mesa de debate, moderada por Antonio Ruiz. En su intervención, Maribel Martín-Romo aludió a la C4 como una referencia muy importante para el Consejo de Comercio de CREEX, con el objetivo de tener una voz “fuerte y respetada”, y apuntó al apoyo a este órgano de la Junta y de colectivos como el de consumidores.

Martín-Romo explicó que la pandemia ha demostrado que el comercio es un sector esencial, por lo que reclamó a la Administración “no solo que no cree más figuras impositivas, sino que estas vayan a menos”, citando como ejemplo la bonificación del 99% en donaciones que ha sacado adelante el Ejecutivo extremeño y que supondrá mayores facilidades para el relevo generacional y más capacidad de inversión para las empresas.

Asimismo hizo mención de los denominados ‘impuestos verdes’, destacando que el sector del comercio “ya ha demostrado de sobra su compromiso con el medio ambiente y la protección del consumidor”, citando como ejemplo el ‘pacto por la bolsa’ alcanzado en Extremadura y que tuvo gran repercusión en la reducción del uso de plásticos. A su juicio, “ese es el camino, el de establecer colaboraciones que dan respuesta a las necesidades, no la creación de nuevos impuestos”.

La Coordinadora del Consejo de Comercio también demandó que se actúe de manera más eficaz contra la economía sumergida, que perjudica a quienes operan dentro de la legalidad, que se mejore la calidad institucional y disminuyan las cargas burocráticas y que se activen más políticas de estímulo al comercio, “porque el comercio da vida a los barrios y los pueblos, genera actividad y fija población, así que no necesitamos más impuestos, sino que nos dejen trabajar”.

Mientras, Marcos Estévez incidió en la necesidad de bajar impuestos, sobre todo ante una situación como la actual de incrementos disparados de costes: “la Administración debe analizar qué impacto real y global tiene la carga normativa y la carga fiscal, porque en muchas ocasiones es mayor el coste que el beneficio”.

También reclamó ayudas públicas a todos los sectores del comercio y ayudas a la comercialización “porque pocas regiones cuentan con el producto que tiene Extremadura, y hay que ayudar en todo el proceso, no solo a la parte industrial.
Por parte de los consumidores, Roberto Serrano agradeció la invitación a participar en este tipo de foros y explicó que el comercio extremeño apenas genera conflictos: “apenas el 6% de las reclamaciones que manejamos se refieren al comercio, y muy centradas en el tema de cambios y devoluciones”.

Serrano explico que un estudio de UCEx de 2001, por ejemplo, marcaba que solo el 37% de los comercios cumplía la normativa de rebajas, “y ahora estamos por encima del 90% de cumplimiento, lo que indica la mejora que se ha producido”.

El representante de los consumidores explicó que el pequeño comercio vertebra el territorio y citó como reto inmediato la digitalización, puesto que la pandemia ha hecho que muchos consumidores empiecen a usar el comercio electrónico: “nuestro pequeño comercio también puede vender online, pero tiene un problema de posicionamiento, por lo que hay que hacer mucha pedagogía con el consumidor para desterrar falsas creencias como que comprar por internet es más barato”.

En este sentido afirmó que los estudios de su organización indican que la compra en el comercio tradicional “es igual de barata, incluso más”. Asimismo, en cuanto a sostenibilidad, indicó que hay que hacer también mucha pedagogía: “nos encontramos con que consumidores bienintencionados compran, por ejemplo, naranjas ecológicas por internet, pero esas naranjas vienen de Valencia ¿eso es sostenible?”.

Finalmente, como reto a la Administración planteó la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en el ámbito rural “porque no podemos pedir digitalización y que la gente mantenga su actividad en los pueblos si luego no tienen conectividad ni para poner una TPV”.

La última intervención corrió a cargo de Pedro Pablo Benito, quien reconoció que el INCOEX actuaba en muchas ocasiones con medidas reactivas “y también se nos acusa de no ser eficientes ni eficaces por falta de coordinación”.

Ante esto, añadió, se ha elaborado el Plan Marco de Consumo 2021-2028 “donde se analizaron estas deficiencias, y también la inexistencia de relaciones estrechas con el ámbito empresarial”. Por ello mostró el compromiso de la Junta para dar formación en ámbitos en los que se están detectando carencias, citando como ejemplo que las webs de los comercios incumplen la normativa en un 65% por unas razones u otras, y es algo en lo que se tiene que actuar.

Para concluir, el Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital realizó un resumen esquemático de los temas abordados y aseguró que se llevaba “un buen puñado de apuntes” para analizar y abordar los asuntos planteados.

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