La CLYGAL explica que si hasta ahora los agricultores cobraban directamente su derecho al Pago Básico y al Pago Verde -el ‘Greening-’, el primero se verá reducido para la inmensa mayoría de los labradores por la implantación de la llamada ‘convergencia’, y en el segundo caso, el Pago Verde, estará en función de que el agricultor se acoja o no a alguno de los nuevos eco regímenes, generando en todos los casos una importante pérdida patrimonial.

La Comunidad añade que la aplicación de alguno de los eco regímenes para cultivos leñosos, que son los más extendidos en Tierra de Barros, como pueden ser las cubiertas vegetales, vivas o inertes, o el abandono de un 4% de la superficie para defensa del ecosistema, conlleva un incremento de tareas y de costes, por lo que en muchos casos no siquiera merece la pena acogerse a ellos, porque la dotación económica es mucho menos que la del ‘Greening’.

“Con esta reducción del Pago Básico y del Pago Verde el agricultor sufre una importante pérdida patrimonial estimada en un 30%, que sólo en el caso de recurrir a los farragosos, complejos y costosos eco regímenes podría atenuar, reduciendo esas pérdidas hasta el 10%”.

La Comunidad acusa al Gobierno de España y al de la Junta de Extremadura de “faltar a la verdad, al indicar que la nueva PAC resultaría más beneficiosa para los agricultores, cuando la realidad es que, de entrada, suponen 275 millones de euros anuales menos en derechos de Pago Básico, y en lo referente al Pago Verde se pierde directamente el 10% de los 1.450 millones de euros asignados a este concepto que ahora se materializan en los famosos eco regímenes”.

“Pero si duro es que las ayudas directas se vean reducidas notablemente, no menos gravoso y dramático es para el agricultor el hecho de que el Reino de España con su Plan Estratégico primara la dimensión ambiental de la PAC respecto a las vertientes económica y social, que suponen el sustento de miles de familias de nuestra comarca”, exponen.

“Así, con las limitaciones impuestas a la utilización de productos fitosanitarios y fertilizantes habituales, las explotaciones agrícolas verán mermada aún más su rentabilidad”, añaden.

La CLYGAL concluye advirtiendo que “si a esta desmedida política medioambiental encaminada a la extinción de la actividad agraria añadimos el inasumible precio de los insumos y la galopante e irrefrenable inflación que el Gobierno es incapaz de controlar, el panorama es verdaderamente desolador”.